Por la libertad de expresión, la justicia social, la vida y los territorios campesinos, exigimos garantías al Gobierno Nacional

Comunicado: COOMUNICAR

Como organización que agrupa y representa medios de comunicación alternativos, comunitarios e independientes de Bogotá, manifestamos nuestra preocupación por una serie de decisiones y medidas recientes del actual Gobierno Nacional que comprometen nuestros derechos como comunicadores, las condiciones de vida del pueblo colombiano y las garantías democráticas que debe observar el Estado colombiano hacia sus ciudadanos. 

1. Contra el ‘garrote tributario’ 

Rechazamos de manera categórica el enfoque de la denominada Ley de Rescate Económico, Proyecto de Ley 477 de 2026 radicado ante el Congreso de la República el 29 de octubre, porque es regresiva y sus disposiciones profundizan las desigualdades, asfixian a la clase media y los trabajadores, y trasladan nuevas cargas tributarias a los profesionales independientes y los hogares colombianos. 

En particular, consideramos enormemente lesivas las siguientes medidas, en tanto que implican un deterioro de los ingresos y la capacidad económica de los comunicadores y comunicadoras que, a su vez, llevaría al cierre de un gran número de medios de comunicación alternativa, comunitaria e independiente, lo cual va en contra de las obligaciones constitucionales del Estado de garantizar la pluralidad informativa en el territorio nacional: 

• Asalto al salario y la clase media: Nos preocupa la ampliación de la base gravable del impuesto de renta para personas naturales, la reducción de topes en rentas exentas laborales, la eliminación de deducciones vitales, como la de dependientes, y la imposición de mayores cargas sobre los ingresos laborales, las cotizaciones en seguridad social y el consumo. Todas estas medidas van en contra del ingreso de la gente, mientras se plantea reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial del 35% al 31%, lo cual solo terminará aumentando la desigualdad que ya impera en nuestra sociedad. 
• Impacto en el empleo y contratistas: El proyecto contempla recortes a la inversión social y reducción de $44,6 billones en nómina estatal y contratistas, afectando profundamente a trabajadores independientes, comunicadores, artistas y gestores culturales. Además, busca limitar la exoneración de aportes parafiscales (SENA, ICBF) y los aportes en salud que pagan los patronos únicamente a salarios de hasta 2 SMLV, imponiendo un sobrecosto laboral del 13,5% por trabajador en salarios medios, castigando la contratación formal. 
• IVA generalizado a la canasta familiar y servicios: Cuestionamos el desmonte de tarifas diferenciales del 5% para trasladar masivamente productos de consumo de los hogares, combustibles (gasolina y ACPM) e insumos agrícolas a la tarifa general del 19%, así como el alza generalizada de servicios esenciales de conectividad e Internet.  
• Blindaje a la élite económica: Mientras se castiga al ciudadano de a pie, el articulado protege a los grandes capitales, manteniendo regímenes preferenciales como el de las Compañías Holding Colombianas (CHC) (Artículo 114), la estabilidad tributaria para Zonas Francas (Artículo 132) y gabelas fiscales por hasta 20 años para grandes proyectos de infraestructura y concesiones PINES (Artículo 150). 

2. Crisis sectorial y exclusión de los medios comunitarios, alternativos, independientes y populares del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

A estas cargas tributarias se suma la preocupante situación del sector reflejada en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 ‘Colombia, la Patria Milagro’. Denunciamos que no existe un programa general de fortalecimiento para el conjunto de nuestros medios.

• Diagnóstico de precariedad: El estudio socioeconómico del DNP y MinTIC de octubre de 2026 confirma que el 50% de los medios comunitarios no están formalizados y que el 94% de sus gestores no logra cubrir sus gastos personales, percibiendo ingresos inferiores a un salario mínimo.